Pese al escaso tiempo disponible para la transferencia de gestión entre gobiernos -aspecto que deberá ajustarse en el futuro- para que las nuevas autoridades cuenten con mayor tiempo para el análisis y transición administrativa del aparato estatal, los primeros veinte días del gobierno de Keiko Fujimori permiten identificar cómo se está reconfigurando el poder.

Desde la proclamación oficial de los resultados, Keiko Fujimori y su equipo han fijado dos prioridades (el fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana), para lo cual han señalado que solicitarán delegación de facultades legislativas. Ello aún no sucede y el Gobierno se aproxima a lo que en otros tiempos hubiese sido su primera gran prueba: la presentación del gabinete de Luis Galarreta ante la Cámara de Diputados, prevista para este 20 de agosto. Hay que recordar que luego de las reformas en el marco del retorno a la bicameralidad, ya no se cuenta con la figura del voto de investidura del gabinete y la sesión es solo para exponer la política general del Gobierno.

Fuerza Popular tiene mayor cantidad de representantes en ambas cámaras, pero eso no le asegura un camino sencillo para lograr impulsar las otras reformas urgentes mencionadas en el discurso de 28 de julio que estarían incluidas, junto con otras materias, en un borrador del proyecto de delegación de facultades que se hizo público.

Si bien la Cámara de Senadores, último filtro y presidida por Miguel Torres, quien además es vicepresidente de la República, pareciera coincidir en mayor medida con el Ejecutivo, tenemos en la Cámara de Diputados (primer filtro) el riesgo de que se generen los primeros choques entre poderes del Estado. Sin embargo, esa situación exige demostrar que la articulación, la capacidad de diálogo y la búsqueda de consensos por el bienestar común sirven para ejecutar y no para debilitar el Estado.

Prioridad 1: El Niño

La decisión de colocar al fenómeno El Niño entre las dos prioridades inmediatas es correcta. El problema no es desconocido ni imprevisible. Desde inicios del 2026, el Estado ya contaba con una alerta de El Niño Costero y con escenarios de riesgo conocidos. Sin embargo, aún falta mucho para generar una cultura de prevención en el país.

Sin perjuicio de ello, el Gobierno ha anunciado la descolmatación de ríos, defensas ribereñas, protección de cuencas, uso de maquinaria pesada y la generación de una logística rápida para la distribución de alimentos, agua y medicinas. Esto es un acierto, pero es importante tener las respuestas a estas cuatro preguntas: ¿Cuáles son las intervenciones priorizadas?, ¿quiénes son los responsables?, ¿cuál es el cronograma? y ¿cuánto presupuesto se necesita?

Ante la inminente emergencia debe evitarse que las transferencias de recursos se hagan sin comprobar que las entidades cuentan con los expedientes, la capacidad operativa y, sobre todo, el tiempo para ejecutar.

Prioridad 2: Seguridad ciudadana

La seguridad ha sido el mensaje más consistente desde la campaña de Keiko Fujimori y una vez asumido el mando del Estado, se anunció una serie de medidas, como una mayor participación de las Fuerzas Armadas en zonas críticas, modernización tecnológica de la PNP, interconexión de sistemas de videovigilancia, ampliación de unidades de flagrancia y una intervención reforzada del sistema penitenciario. Se sabe desde hace mucho que la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal superan la respuesta tradicional del Estado. No obstante, la implementación de nuevas medidas debe ser excepcional, territorialmente delimitada y sujeta a constante evaluación.

Los datos iniciales muestran la dimensión del desafío. De acuerdo con información del Sinadef durante los primeros 20 días de gestión se han reportado más de 100 homicidios, y más de tres cuartas partes fueron cometidos con arma de fuego. El dato de ninguna manera permite atribuir estos resultados a una administración recién instalada, pero reafirma que es un tema en el que ya no se puede esperar y el Gobierno debe ejecutar las acciones correspondientes para reducir los homicidios y las extorsiones, desarticular organizaciones y tomar el control efectivo de los penales.

La lucha contra la inseguridad ciudadana require destinar amplios recursos económicos, así como el seguimiento especializado por parte de funcionarios capacitados. La seguridad ciudadana es primordial para recuperar la confianza de la ciudadanía para la ejecución de las otras reformas que se buscan impulsar. Sin embargo, el fenómeno El Niño será la brújula del Estado a nivel presupuestal porque puede generar un gran pasivo con todo el presupuesto que se tiene que destinar para la prevención, la atención durante la emergencia, y finalmente, en el proceso de reconstrucción.

El rol de la empresa privada

Keiko Fujimori ha señalado que se requiere mayor inversión, lo cual es relevante para un país que necesita infraestructura, empleo formal y confianza. El nombramiento de Elmer Cuba en el MEF refuerza un mensaje de previsibilidad fiscal, mientras la agenda de asociaciones público-privadas y Obras por Impuestos abre espacios para acelerar proyectos. La visión económica y política abre espacios a las empresas para que amplíen su mapa de actores y participen activamente del llamado del Ejecutivo. Nuevamente, el fenómeno El Niño es una oportunidad también para generar espacios de articulación y actuación entre el Estado y la empresa privada. Pero este llamado también requiere que el Estado ofrezca reglas estables, decisiones regulatorias previsibles, seguridad y una cartera priorizada de proyectos viables.

No se puede dejar de hacer mención a la primera decisión económica del Estado tras las protestas por el alza de combustibles en Ucayali. El Ejecutivo destinó S/ 105 millones de soles a un subsidio temporal para el transporte de carga y pasajeros. Si bien la respuesta ayudó a desactivar el conflicto, abre la reflexión sobre si el Gobierno privilegiará medidas focalizadas y transitorias o si la presión social irá ampliando intervenciones difíciles de retirar.

20 de agosto: exposición del gabinete

La presentación del gabinete Galarreta no debería convertirse en una enumeración de promesas. Es la oportunidad para ordenar las otras prioridades, explicar cómo se financiarán y establecer metas para los primeros cien días. Al no estar la exposición sujeta a un voto de confianza, el valor de la sesión estará en la calidad del debate y en la capacidad del Congreso para escuchar y comprometerse a priorizar las reformas necesarias para el beneficio ciudadano.

El gabinete combina perfiles políticos con perfiles técnicos, así como exautoridades con distintas trayectorias. Esa mezcla facilita la coordinación, pero su legitimidad dependerá de la gestión que realicen en sus carteras. Particular atención merecen los nombramientos de viceministros, secretarios generales, directores generales y titulares de organismos públicos y órganos adscritos. Es en esos espacios donde se necesitan funcionarios con las mayores capacidades técnicas para ejecutar las reformas prioritarias del Gobierno.

Facultades delegadas: definición de prioridades

El proyecto de solicitud de facultades legislativas, que a la fecha aún no ha ingresado al Parlamento, es el principal instrumento político de un nuevo Gobierno. Del documento que se hizo público se observa que el Ejecutivo busca actuar durante 120 días en materias de seguridad ciudadana, promoción de emprendedores, sistema penitenciario, empleo, simplificación administrativa, modernización del Estado, desarrollo productivo, comercio, entre otros.

La amplitud de las materias pareciera justificable y comprensible dado que el nuevo Congreso aún no se instala del todo en cuanto a comisiones, lo cual es un argumento a favor del Ejecutivo para señalar que hay temas que no pueden esperar el ritmo ordinario de la dinámica parlamentaria, considerando además que ahora las iniciativas legislativas pasan por dos cámaras. Sin embargo, también es función del Congreso delimitar con precisión las materias, el plazo y los mecanismos de rendición de cuentas. Es por ello que la delegación será la primera gran prueba.

El desafío ahora es gobernar

A veinte días del cambio de mando, el balance muestra una dirección definida y una ejecución aún en construcción. Entre los aciertos están haber priorizado amenazas concretas, reconocer el papel de la inversión y reaccionar ante una crisis territorial sin prolongarla. Las alertas son igualmente claras: el pasivo heredado de las anteriores gestiones, la falta de presupuesto, indicadores y cronogramas para la atención de prioridades, pero la más importante es la falta de definición del proyecto de delegación de facultades pese al discurso de urgencia.

El Gobierno cuenta con algo escaso en los últimos años: conducción política, aliados parlamentarios y una narrativa económica reconocible. El verdadero cambio de mando se producirá cuando esos activos se traduzcan en prevención, seguridad y proyectos ejecutados. La estabilidad no se demostrará por la ausencia de conflicto entre poderes, sino por la capacidad de convertir coordinación en resultados sin sacrificar controles, transparencia ni calidad del gasto.

Esa es la tarea pendiente del Ejecutivo y el Legislativo: mejorar su relación política y priorizar el diálogo en lugar de la obstrucción; la ciudadanía lo espera.

Por Gonzalo Wurst, Director de Asuntos Públicos en TOC Asociados