Aunque la reforma que restablece las dos cámaras fue aprobada por el Congreso en marzo de 2024, recién con la instalación del nuevo Parlamento el país pudo comprobar en la práctica cómo va a funcionar este sistema casi olvidado por el Perú.  

Luego de un mes de actividad, ya es posible identificar tanto los cambios estructurales que introduce el nuevo sistema como las primeras señales sobre su funcionamiento. 

Después de 34 años, el Perú volvió a tener un Congreso bicameral. Este cambio modifica la forma de distribución del Poder Legislativo, cómo se discuten las leyes y cómo el Congreso se relaciona con el Poder Ejecutivo. 

La bicameralidad divide el Parlamento en una Cámara de Diputados y un Senado, con funciones diferenciadas. En términos generales, Diputados concentra la iniciativa legislativa y buena parte del control político al Ejecutivo, mientras que el Senado cumple principalmente una función revisora y asume determinadas atribuciones institucionales, como la designación de altos funcionarios de algunos organismos constitucionalmente autónomos.  

La diferencia más relevante está en el proceso de formación de las leyes. Durante el periodo unicameral, una iniciativa aprobada por el Pleno pasaba directamente al Ejecutivo para su promulgación. Con el nuevo esquema, los proyectos deben atravesar una segunda instancia parlamentaria. Esto introduce una capa adicional de deliberación y revisión, bajo la expectativa de que la doble lectura mejore la calidad técnica de las normas. Sin embargo, también puede hacer más complejo y eventualmente más lento el proceso legislativo. Es importante mencionar que, la bicameralidad, por sí sola, no garantiza mejores leyes: esa será una cuestión de funcionamiento y de calidad de la deliberación. 

Uno de los cambios más relevante para el equilibrio entre poderes es la eliminación del voto de confianza obligatorio para el gabinete. Bajo la Constitución de 1993, el presidente del Consejo de Ministros debía plantear una cuestión de confianza poco después de asumir funciones. Con la reforma, la presentación del gabinete ya no está sujeta a votación como ya lo hemos visto y pasa a ser una exposición de la política general del Gobierno seguida de debate. 

La aritmética que define posiciones 

Ningún partido obtuvo mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras. Fuerza Popular, el partido de la presidenta Keiko Fujimori, es la bancada más numerosa con 63 congresistas en total (22 senadores y 41 diputados), seguida por Juntos por el Perú. En el Senado, los bloques de derecha e izquierda están prácticamente empatados en número de escaños; en la Cámara de Diputados, la oposición de izquierda aventaja. 

Esta distribución tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que el Ejecutivo necesita construir consensos en ambas cámaras para sacar adelante su agenda, incluida la solicitud de facultades legislativas ya presentada. La segunda es que una moción de vacancia contra la presidenta requeriría el respaldo de dos tercios de los votos, un umbral que, a diferencia de la última década, marcada por ocho presidentes en diez años, hace previsible que el ciclo de destituciones impulsadas desde el propio Congreso pierda la facilidad con la que operó hasta ahora.  

La verdadera prueba recién empieza 

A un mes de instalado, el nuevo Congreso bicameral ha cumplido con el cronograma que exige la Constitución y el reglamento del Congreso y de sus respectivas cámaras: mesas directivas elegidas, comisiones distribuidas e instaladas, y una agenda legislativa que aún no se termina de definir del todo. Todavía es prematuro afirmar que la bicameralidad mejorará la calidad de las leyes, reducirá la confrontación política o fortalecerá la institucionalidad. No existen aún resultados suficientes para sostener ninguna de esas conclusiones. 

El retorno de este diseño institucional ya está en marcha. Lo que todavía está por demostrarse es su capacidad para producir mejores decisiones. La pregunta, por ello, no debería ser si dos cámaras son necesariamente mejores que una. La pregunta relevante será otra: ¿serán capaces de utilizar esta nueva distribución del poder para deliberar mejor, construir acuerdos y elevar la calidad de las decisiones públicas? Seguimos observando.